En Puebla se registró una de cada 10 agresiones contra mujeres periodistas mexicanas; en la mitad se identificó a funcionarios como responsables.
PALOMA FERNÁNDDEZ | @PalomaPEN
En 2020 se registraron 207 agresiones contra mujeres periodistas en todo el país. Ciudad de México, Puebla y Veracruz fueron los estados con más casos registrados.
Las modalidades más frecuentes de estas agresiones fueron la intimidación y hostigamiento, amenazas y bloqueo o alteración de contenido.
Pero del total de agresiones, el 18% tuvieron un componente de género. Es decir, intentos por invalidar el trabajo o a las mismas periodistas por medio de juicios sexistas.
Según Gabriela Castillo, integrante de Artículo 19, Puebla sigue este patrón nacional de agresiones en contra de las periodistas por medio de campañas de desprestigio con connotación de género.
“También se recurre al doxing, lo que es muy peligroso porque da a conocer a través de redes sociales o cualquier otro medio datos personales. Son datos sensibles al final del día y que pueden poner en peligro la integridad de la periodista y de su familia o personas cercanas”, explica en una entrevista otorga a Manatí.
Quizá te interese: Barbosa: una retahíla constante de agresiones a la prensa
.
En Puebla se registraron 24 de los 207 casos registrados en todo el país, lo que supone que una de cada 10 agresiones contra periodistas mexicanas ocurre en Puebla.
Y en el 58% de las agresiones se identificó como responsables a funcionarios públicos, en el 37% a sujetos particulares y del resto no se cuentan elementos para determinar quién fue responsable, a decir de Castillo.
Dos fenómenos que a nivel nacional no tienen tanta repercusión como en Puebla son la privación de la libertad y el uso ilegítimo del interés público, agresiones comunes por parte de funcionarios públicos. Este último se considera cuando el Estado hace uso de sus recursos y plataforma para criminalizar u hostigar periodistas.
“En este sentido Puebla rompe el patrón respecto del resto del país, ya que de estas 24 agresiones, cinco tuvieron este componente de género, o sea que además de agredirlas por ser periodistas o por su labor periodística, se quiere generar como esta narrativa contraria a que son mujeres y tratar de herirlas o lastimarlas a través de comentarios que llevan por este lado”, comentó Gabriela Castillo.
El caso de Carmen Flores Aguilar, corresponsal de El Sol de Puebla, denotó fuertemente el acoso y la violencia institucional que puede llegar a darse en el estado.
En abril de 2020, la corresponsal fue víctima de un bloqueo informativo por parte de autoridades municipales de Molcaxac, ya que dio cobertura al caso de un joven que fue víctima de detención arbitraria al documentar con su celular la instalación de un tianguis en tiempos de cuarentena por COVID-19.
A Carmen se le había bloqueado de las redes sociales de este ayuntamiento, además de que el edil Félix Huerta Medel comenzó a negarle información para su cobertura. Aunado a esto, entre marzo y mayo de ese año el jefe de corresponsales de El Sol de Puebla recibió diversas llamadas por parte de la oficina de Comunicación Social de dicho ayuntamiento para señalar a Carmen Flores de hacer críticas a su gestión administrativa.
El 13 de agosto de 2020 se comenzó una campaña de desprestigio en contra de la corresponsal al difundirse una nota que supuestamente era de su autoría. En esta, se señalaba a Molcaxac como un foco de contagios debido a que el tianguis del municipio incumplía las normas sanitarias.
La integridad de Carmen se vio en riesgo pues los comerciantes de dicho lugar buscaron ejercer represalias en contra de ella. Tanto la corresponsal como el medio tuvieron que aclarar que esa noticia no había sido difundida por su redacción, que se trataba de una noticia falsa.
“Durante la cobertura de la pandemia o durante la cobertura de tanto protestas como enfrentamientos sociales en sí, sabemos que es muy probable que aumente la violencia contra la prensa, y respecto de las mujeres en específico. Hemos visto que también aumenta cuando hay cobertura a temas relacionados con por ejemplo la defensa de derechos humanos”, expuso Gabriela Castillo después de comentar el caso de Carmen Flores, quien recibió acompañamiento de Artículo 19 así como de otras organizaciones que velan por la labor periodística segura.
En este sentido, Artículo 19, en conjunto con la Red #RompeElMiedo, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, dieron a conocer que durante la cobertura de la marcha del 8 de Marzo de este año se dieron 16 agresiones a periodistas.
Detenciones arbitrarias, robo, violencia física o verbal y violencia digital fueron algunas de las agresiones que se registraron alrededor del país en el marco del 8M.
