Nueve de cada 10 víctimas de violación a la intimidad sexual, otra forma de violencia sexual y digital, son mujeres. Todos los agresores son hombres.
GUADALUPE JUÁREZ | @LupJMendez
La vida cambia para las mujeres que sufren violencia digital. Dejan de ir a la escuela, al trabajo, de practicar un deporte, de utilizar redes sociales. Pierden relaciones familiares estables, terminan una relación de pareja, salen solas.
Para los agresores, en cambio, pocas cosas cambian. Incluso sin son encarcelados no sólo no reparan el daño a su víctima, sino que tampoco entienden el daño que causaron.
Algunas personas han llegado a quitarse la vida tras ser víctimas de este delito; también se ven limitadas a utilizar sus redes sociales, cuyo retiro del espacio digital, en el caso de las mujeres, hace más grande la brecha de género.
En 2020, un año marcado por la pandemia, en Puebla los delitos de violencia a la intimidad sexual —una modalidad de la violencia sexual— aumentaron 79% comparado con 2019.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) registró que en 2020 hubo 190 víctimas de violación a la intimidad sexual, que consiste en la divulgación de contenido sexual sin consentimiento.
En 2019 se registraron 106 víctimas, de acuerdo con el informe Acercamiento a la violencia digital contra las mujeres en Puebla, presentado este miércoles por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem.
Nueve de cada 10 víctimas que denuncian este delito son mujeres y todos los agresores son hombres, inclusive cuando las personas violentadas son varones.
Los casos de violación a la intimidad sexual se registraron en 39 municipios, pero la capital poblana concentró el 75% de las investigaciones. En 23 de estos municipios encuentra activa la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
Sin embargo, los municipios con mayor incidencia por cada 100 mil mujeres fueron Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlapacoya, Honey, Tepeojuma y Atzinintla, mientras que en 2019 fueron San Juan Atenco, Aljojuca, Huehuetla, San Felipe Teotlalcingo y la capital.
“Hay que procurar que muy jóvenes se sensibilice para que no sean los siguientes perpetradores que pueden causar serias consecuencias y al impacto en las personas. Muchas veces sucede que se demerita la violencia digital porque se habla detrás del celular o de una computadora, pero las afectaciones son reales”, explicó Agneris Sampieri, de la Red en Defensores de los Derechos Digitales, durante la presentación del informe.
Mujeres jóvenes, las principales denunciantes
Una de cada dos víctimas tienen entre 15 a 24 años de edad, 29% de las denunciantes estaban entre los 15 y 19 años y el 18% entre 20 y 24 años. Las más jóvenes, de acuerdo con el inform,e tenían entre 10 y 14 años de edad.
En cuanto a ciberacoso, el informe indica que de abril de 2019 a 2020 hubo 132 denuncias, 88% de ellas presentadas por mujeres; 23% de las víctimas tienen entre 20 y 24 años y 21% entre 15 y 19 años. Este delito se presentó en 21 municipios de la entidad.
El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP) identificó por su cuenta a través de su línea ciudadana delitos de violencia digital, como violación a la intimidad sexual y ciberacoso de mayo de 2019 a mayo de 2020 con cinco denuncias cada uno, además de tres de denuncias de acoso sexual relacionado con el uso de las TIC.
En este sentido, hallaron que las agresiones más frecuentes son el acoso, amenazas, control de manipulación de información, difusión de información personal o ´´intima, extorsión, monitoreo y acecho y suplantación o robo de identidad.
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En todos los casos los agresores fueron hombres, entre las exparejas, conocidos, excompañeros de escuela, familiares de exparejas y vecinos.
En el informe citan el Encuentro Juntas somos más fuertes, donde participaron Luchadoras y Ovigem, en el que encontraron que al recurrir a las autoridades para tomar una acción o medida para enfrentar la violencia digital se encontraron con nulos avances en las investigaciones, que la denuncia no procedía, en ir de manera forzosa a una conciliación con el agresor, ser revictimizadas y sin que hubiera alguna sanción.
Esto se presentó cuando acudían ya sea a la Fiscalía General del Estado, Policía Cibernética, Institución de Educación Superior o una dependencia pública, en la que se pedía una sanción.
“Algunas de ellas tenían pruebas de las agresiones que habían vivido, pero desconocían cuál era el procedimiento que tendrían que seguir ante las autoridades o bien, se enfrentaron a omisiones por parte de estas (la denuncia no procedía, las investigaciones no avanzaron)”, consigna en el informe.
