En Puebla buscan revivir la discusión para tipificar como delito las terapias de conversión a personas LGBT, en donde se han documentado casos de violación correctiva, abuso sexual y tortura
GUADALUPE JUÁREZ/ @lupjmendez
Le pasó a Erica Salinas hace siete años, en Sonora. Pero les sigue pasando a otras personas en todo el país, y por eso —dice— hay que prohibir las terapias de conversión: para evitar que, como a ella, les roben parte de su vida y su identidad.
Erica es la directora del cortometraje “Para:Sarah”, inspirado en su historia personal y como parte de su trabajo de sanación, cuando fue víctima de tortura al ser sometida a un Ecosig, como se resume a los esfuerzos para corregir la orientación sexual y de identidad de género.
Estas prácticas son aplicadas a personas que decidieron salir del clóset, así como aniñas, niños y adolescentes, las cuales pueden consistir en tratos crueles, inhumanos, degradantes y hasta tortura, como supuestos exorcismos, violaciones “correctivas” y sesiones de electroshock.
La mayoría de las ocasiones, las víctimas son llevadas contra su voluntad por sus propios familiares.
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Erica es presidenta de la organización civil Sociedad Activa e indica que, debido a la clandestinidad e invisibilización de estas prácticas, sólo uno de cada 10 casos se conoce en el país cuando se atreven a denunciar los delitos de los que son víctimas.
“Nadie tiene el derecho de borrar la identidad de una persona psicológica y se nos robó muchos años de nuestra vida, nuestra juventud y nuestra adolescencia”, dijo durante la presentación de su cortometraje en la entidad poblana.
Aunque se estrenó el año pasado, en esta ocasión tiene como objetivo abonar a la discusión a la iniciativa que promovió el diputado local Carlos Evangelista para que las terapias de conversión se consideren como delito.
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La activista trans Gabriela Chumacero expuso que debido a que son las propias familias las que los llevan a estas terapias de conversión, prácticas que incrementan la discriminación contra ellas y ellos, que inclusive los orillan al alcoholismo, la drogadicción y problemas de depresión.
Por lo anterior, pidió que también se sancione con el retiro de licencia médica al personal de salud que sea servidor público y ofrezca o practique estas “terapias”.
¿Qué se propone?
El legislador morenista Carlos Evangelista retomó la idea presentada en legislaturas pasadas para que las terapias de conversión sean consideradas como un delito, al reformar un capítulo del Código Penal de Puebla.
En el artículo 228 propone una sanción de entre uno a tres años de prisión a quienes obliguen o promuevan terapias para cambiar la orientación de una persona.
El diputado confió que en esta LXI legislatura sí será discutida su iniciativa, ya que la mayoría del Congreso de Puebla está conformada por Morena y sus aliados.
Apenas en mayo pasado, la exdiputada del Partido Revolucionario Institucional Rocio García Olmedo, propuso una reforma al Código Penal, al modificar el artículo 229 de la sección Delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas, aunque proponía penas de dos a seis años de prisión.
La sanción que proponía se duplicaba si las terapias eran practicadas en contra de menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad.