Las personas que mantenían el plantón en Bonafont denunciaron desde hace meses que Bonafont ha provocado sequía en Juan C. Bonilla y otros municipios de Puebla.
CARLOS GALEANA | @CarlosGaleanaB
Más de 100 elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal realizaron un operativo para desalojar a manifestantes que se encontraban en las instalaciones de la empresa Bonafont, en Juan C. Bonilla, Puebla donde instauraron la Altepelmecalli, La Casa de los Pueblos, desde agosto del año pasado.
Los hechos, registrados en la madrugada del 15 de febrero, fueron condenados a través de un comunicado por Pueblos Unidos de la Región Cholulteca.
“Con desmedida presencia de las fuerzas públicas los tres niveles de gobierno, una vez más, despojan y reprimen a los pueblos que desde hace casi un año cerramos la planta embotelladora Bonafont, del corporativo DANONE”, señalaron.
También denunciaron que la purificadora ha robado millones de litros de agua diariamente, lo que ha provocado sequía en los pozos, ríos y ameyales de la región.
Hay que recordar que fue alrededor de las 13:30 horas del domingo 8 de agosto del año pasado cuando pobladores de la zona que integran el Frente de Pueblos Unidos irrumpieron en las instalaciones de la embotelladora para renombrarla como “La Casa de los Pueblos”, espacio que sirvió para realizar foros y talleres en defensa del medio ambiente.
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Sin embargo, en marzo del 2021, activistas de Santa María Zacatepec y otros pueblos de la región realizaron un paro frente a la empresa perteneciente a Grupo Danone al notar escasez de agua en sus pozos.
“Cuando cerramos la empresa, el agua volvió, imagínate el daño que nos estaban haciendo, un geólogo y un hidrólogo nos habían advertido que iba a suceder lo del socavón, porque los mantos acuíferos se iban a secar y entonces la tierra se iba a hundir”, dijo en ese momento a Manatí Juan Pérez, alcalde auxiliar de Santa María Zacatepec
Dos meses después, mientras el plantón continuaba, se formó un socavón en terrenos pertenecientes a este municipio, y aunque Bonafont utilizó un dictamen de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la que se rechazaba que éste fuera formado por la sobreexplotación de los mantos acuíferos aledaños para exhortar a que las autoridades desalojaron el lugar, la movilización continúo.
Ese mismo documento fue cuestionado por el gobernador Miguel Barbosa.
“Hay una sobreexplotación en el lugar que se tiene que regular y se tiene que conocer desde un estudio hidrológico y biológico”, dijo el mandatario, quien añadió que el estudio estuvo basado en una inspección ocular.
A pocas horas del desalojo, Pueblos Unidos de la región Cholulteca hicieron un llamado a las autoridades para retirar a las fuerzas armadas y devolverles las instalaciones.
