El gobierno de Puebla dijo que en 2022 hubo 586 desaparecidos, de los cuales 319 permanecen sin ser localizados; la fiscalía estatal reportó mil 714 personas desaparecidas, pero 278 no han sido ubicadas.
BERENICE MARTÍNEZ | @bereymar
El gobierno de Puebla y la Fiscalía General del Estado (FGE) poseen cifras distintas sobre el número de personas que desaparecieron durante el año 2022 y que permanecen sin ser localizadas.
Mientras la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal dijo que 319 personas no han sido ubicadas desde el año pasado, el fiscal Gilberto Higuera Bernal dijo que eran 278.
Durante su comparecencia en el Congreso local, realizada el pasado 19 de enero, el nuevo secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez, presumió la localización de más del 50% de personas desaparecidas a lo largo del año pasado.
Señaló que en 2022 se abrieron 530 expedientes por la desaparición de 586 personas, pero solo 267 fueron localizadas, es decir, menos de la mitad.
A pesar de ello, afirmó: “Como resultado de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, afortunadamente se logró la localización de 267 personas, lo que representa más del 50% de personas localizadas”.
Las cifras entregadas por el funcionario reflejan que el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha sido poco efectivo, como han denunciado familiares de personas desaparecidas agrupadas en el colectivo Voz de los Desaparecidos.
Por su lado, la Fiscalía de Puebla reportó que en 2022 abrieron mil 529 carpetas de investigación por la desaparición de mil 714 personas.
Sin embargo, reportó que el 84.54% fueron halladas y permanecieron como desaparecidas 278. En otras palabras, habría 41 personas que fueron reportadas como desaparecidas ante la Comisión, pero no ante la FGE.
Feminicidios y violencia de género
Huerta Gómez dio a conocer que se cometieron 12 feminicidios en 2022, cifra menor a los 20 que contabilizó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y los 54 probables feminicidios que reportó el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría”, de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Aseguró que la Secretaría de Gobernación capacitó a personas servidoras públicas en materia de derechos humanos de las mujeres en el ámbito jurídico.
Adicionalmente, firmó un convenio de colaboración interinstitucional para fortalecer la atención de las mujeres víctimas de violencia, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, los centros de justicia para mujeres y la Fiscalía General del Estado.
El secretario presumió avances en el cumplimiento a las medidas establecidas en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, por lo que se atendieron a 816 mujeres víctimas de violencia, 305 fueron niñas y adolescentes, y de estas, 234 fueron víctimas de delitos sexuales, 59 de violencia familiar y 12 de feminicidio.
Además, 294 mujeres recibieron asistencia jurídica en materia civil y familiar; de este número, 115 fueron registradas en el Banco Nacional Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, y se elaboró una estrategia para la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio.
Afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública participó en la elaboración e integración del protocolo nacional para la actuación policial ante casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.
Este instrumento consiste en capacitar a los policías estatales, así como iniciar un trabajo coordinado entre el gobierno del estado y los ayuntamientos para elaborar una agenda de trabajo conjunta con las policías municipales.
Anunció que se generará un informe, un plan de acción para atender la Alerta de Violencia de Género, una campaña permanente para prevenir la violencia contra las mujeres, se pedirá un informe sobre el funcionamiento de las células especializadas de búsqueda de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y se generará un padrón de menores en condiciones de orfandad por feminicidio.
Huerta Gómez afirmó que ha habido cambios de identidad de género, pero no reveló los datos. Este derecho fue posible gracias a la Ley Agnes que se aprobó el 25 de febrero de 2021 para rectificar nombre y género en el acta de nacimiento.
La Ley Agnes se llama así en memoria de la activista transexual Agnes Torres, asesinada el 9 de marzo de 2012, cuyo cuerpo fue abandonado en una barranca en el municipio de Atlixco, hecho catalogado como crimen por transfobia.
