MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Nueve días después del inicio de la toma del Congreso de Puebla, las colectivas feministas han obtenido su primera victoria: el reconocimiento de las identidades trans, la Ley Agnes, se aprobará antes de febrero del próximo año.
De este modo, han destrabado un proyecto de reforma que se había postergado desde 2016, es decir, cuatro años después de que fuera asesinada Agnes Torres Hernández, una mujer trans que pugnaba por igualar los derechos de las personas transgénero y transexuales, mediante la concordancia sexogenérica en sus documentos de identidad legal.
Sobre la despenalización del aborto, la principal de todas las demandas de las mujeres que encabezan la toma, no se ha concretado una fecha en específico. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, propuso que se vote en abril del próximo año, pero las feministas solicitarán que sea antes.
“Nuestra idea es que sea lo más pronto posible”, afirmaron este 2 de diciembre, tras la primera mesa de diálogo. La siguiente se realizará el 7 de diciembre, y serán convocados representantes del gobierno del estado y los rectores de la BUAP e Ibero, Alfonso Esparza Ortiz y Mario Patrón Sánchez.
La intención de las colectivas es formar una mesa interinstitucional que discuta no sólo la pertinencia de aprobar la interrupción legal del embarazo, sino la efectividad de las medidas aplicadas por las autoridades locales para abatir la violencia de género.
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El primer cara a cara entre manifestantes y diputados se realizó vía zoom. Al terminar la reunión, desde los balcones del salón de protocolos, las feministas advirtieron que la toma terminará sólo cuando existan acuerdos firmados con las autoridades sobre la discusión de la despenalización del aborto.
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La expansión del movimiento
En estos nueve días, el movimiento feminista en Puebla se ha agrupado en torno a la toma pacífica del Congreso. Lo que comenzó como un despliegue audaz de dos organizaciones de mujeres jóvenes, ha derivado en un amplio bloque que reúne a organizaciones de derechos sexuales, activistas, políticas, funcionarias, artistas, periodistas y un largo etcétera.
Esa diversidad quedó reflejada en la profusa cantidad de mensajes que distintas mujeres lanzaron en Twitter con el hashtag #EstamosEnTodasPartes. Fue una respuesta al gobierno del estado —y a un sector de la prensa— que ha insistido en señalar a la toma como una estrategia política con fines electorales.
“Lo que quieren hacer es un gran escándalo. ¿Con miras a qué? A fines políticos, sin duda que sí”, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta en una conferencia de prensa realizada el pasado 1 de diciembre.
El gobernador del estado ha regido la agenda legislativa de la actual Legislatura. Y, en consecuencia, también ha dado línea sobre la forma en la que debe proceder sobre la toma: “Le pido al Congreso que mantenga la disciplina en el debate de este tema“, dijo ayer.
“Lo primero es: no puede resolver el Congreso un tema por presiones. ¿Sólo porque cinco o seis personas (…) tomaron la sede ya hay que resolver un tema así en los siguientes 15 días? Eso es imposible”, insistió.
