En nuestra columna invitada, Nohemí González reflexiona sobre la criminalización que persiste en el país contra el aborto y la libertad de decisión.

NOHEMÍ GUADALUPE GONZÁLEZ LÓPEZ | @NohemiGL2

La despenalización del aborto es un tema escabroso pero, a pesar de ello, la progresividad no pinta otro rumbo más que el que vislumbran los derechos humanos. Por eso, cada vez se escucha más el tema del aborto en los congresos de las distintas entidades del país; así es como recientemente hemos visto en turno a comisiones el tema en el Congreso de Puebla, en el de Hidalgo y en el Estado de Baja California Sur.

La criminalización del aborto es un constructo social, el delito que se tipifica con respecto a esta conducta está basado en un estereotipo de género: la maternidad; por eso perseguir a una mujer que aborta, agota los recursos del Estado de manera necia y trasgrede los derechos de las mujeres.

Los estereotipos en torno a la maternidad llegan hasta el sistema penal, haciendo que la ley criminalice y castigue a mujeres que desafían las normas establecidas con respecto a su reproducción, y hace un firme señalamiento de dar un castigo ejemplar a aquellas que intentan desafiar el contrato sexual. Por otro lado, subyacen al razonamiento de algunos jueces que condenan de homicidas a mujeres que estarían ejerciendo un derecho y no toman en cuenta el contexto en el que se lleva a cabo la decisión de la mujer.

Datos recabados por el Informe del GIRE, “Maternidad o castigo”, enuncian cifras de los procesos por el delito de “aborto”, y aunque estas parecen pequeñas, lo alarmante es que las mujeres son acusadas por los delitos de homicidio calificado, homicidio en razón de parentesco.

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En los casos en que las mujeres enfrentan un proceso penal, no tienen acceso a una asistencia legal adecuada y con frecuencia se les aconseja optar por un procedimiento abreviado, donde son sentenciadas a penas corporales y a pagar la reparación del daño a padres ausentes que sólo se presentan a cobrar.

En México la mayoría de las mujeres encarceladas por abortar fueron juzgadas por los delitos de homicidio; homicidio en razón de parentesco, o infanticidio, y no por la interrupción de su embarazo, lo cual las ha condenado a penas de prisión más severas, según cifras mostradas a lo largo del texto: “Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México”.

Las autoridades de justicia son excesivas en castigar bajo un mandato moral por lo que encuadran el tipo penal por homicidio en razón de parentesco, ya que este tiene una punibilidad de hasta 20 años. Por su parte, la calidad de los sistemas de justicia con relación a los procesos de mujeres e investigaciones no deberían estar afectados por prejuicios o estereotipos de género y deberían brindar una protección y asistencia a las mujeres en condición de imputadas, querellantes, testigos o reclusas para evitar amenazas, hostigamientos o tratos discriminatorios.

 Esta criminalización envía un mensaje desde el Estado con respecto a las decisiones reproductivas en la esfera privada y afecta a las mujeres que provienen de contextos de alta violencia, marginación económica y falta de acceso a la información, métodos anticonceptivos y salud, o simplemente a aquellas que no han elegido gestar. Las condenas nos obligan a perder años de vida en la cárcel y también condenan a pagar la reparación del daño, sumas de dinero inimaginables.  

 Mientras no se garanticen los derechos reproductivos y sexuales y no se despenalice el aborto, evitando la criminalización penal y social, continuaremos conociendo historias de opresión a las mujeres.

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Los efectos de la criminalización del aborto impactan no sólo a quienes son procesadas penalmente por este delito, sino que también pone en peligro a quienes cursan embarazos no elegidos y deben ponderar su libertad mediante abortos fuera de la ley o deben modificar su proyecto de vida continuando un embarazo no elegido.

Ante las violaciones de derechos humanos derivadas de la penalización del aborto, los estándares de derechos humanos constituyen la ruta para garantizar que las mujeres puedan decidir libremente ejercer o no la maternidad. Sin duda, esta garantía es una deuda histórica que el Estado tiene.

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