La toma de la planta de Bonafont en Puebla es resultado de protestas de pobladores que responsabilizan a la empresa por la sequía en la región.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Eran las 13:30 horas del domingo 8 de agosto cuando irrumpieron en las instalaciones de la planta de Bonafont, en Juan C. Bonilla, al grito de “¡Tierra y libertad!” y “¡Zapata Vive!”.
Era un grupo de decenas de activistas integrantes del frente de Pueblos Unidos, una organización en defensa del agua de la región. Era un grupo disímbolo, casi todos con pasamontañas, aunque algunos con playeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), paliacates y hasta imágenes de la Virgen de Guadalupe.
Sus gritos y consignas se adelantaban a sus pasos, aunque los más avezados ya habían logrado abrir las rejas de la empresa embotelladora a la que culpan por la sequía en los pueblos de los pozos de la zona.
Antes de la toma de la planta de Bonafont, los representantes de Pueblos Unidos explicaron que habían convocado tanto a la empresa como a las autoridades estatales y federales para dialogar sobre la sequía en la zona.
Pero, ante su inasistencia, decidieron declararlos culpables de la explotación del agua de los pozos.
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El conflicto no es nuevo. El 22 de marzo de 2021, un lunes en el que la primavera revolvía el calor en el aire, los pozos de Juan C. Bonilla amanecieron secos. Ese mismo día el pueblo se organizó para bloquear las puertas de Bonafont.
Desde entonces, la puerta se había mantenido así: sellada. Sin salidas ni entradas. Hasta que el domingo 8 de agosto los pobladores decidieron romper su propio cerco y tomaron las instalaciones de la empresa.
La reunión del frente de Pueblos Unidos se había convocado semanas atrás, pero sólo unos días antes, el 5 de agosto, la empresa había echado a andar a decenas de obreros para que protestaran frente a Casa Aguayo, la sede del gobierno de Puebla, exigiendo el desalojo de los grupos de activistas en defensa del agua.
Pero el gobierno del estado, que hasta ahora no ha mostrado simpatía hacia la empresa, dijo que el conflicto no era suyo, sino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua): la instancia responsable de autorizar a Bonafont la extracción de 14 mil 454 litros de agua a diario de los pozos de la región.
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En respuesta a la toma, Bonafont emitió el lunes 9 de agosto un comunicado en el que aseguró que los activistas “realizaron actos violentos de vandalismo, golpeando al personal de seguridad de nuestra planta y saqueando oficinas y recursos”.
Por su parte, los Pueblos Unidos llamaron a las comunidades de la región y a las organizaciones sociales a estar alerta frente a cualquier intento de represión o desalojo en su contra.
Y, a la par, el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, ambos de la Universidad Iberoamericano, hicieron un llamado a las autoridades a priorizar el diálogo frente a los conflictos socioambientales, “alejándose de salidas institucionales con alto costo social como la judicialización y la violencia”.
