Los familiares de Juan Carlos portillo, artista egresado de la BUAP, acusaron que los 11 servidores públicos detenidos por el asesinato del artista poblano serían imputados por homicidio culposo y no doloso, por lo que su sanción sería menor.
GUADALUPE JUÁREZ/ @lupjmendez
La familia del artista egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Juan Carlos Portillo, asesinado dentro de los separos de San Miguel Xoxtla el 13 de junio de 2021, denunció que los 10 policías y la jueza calificadora serán juzgados por homicidio culposo y no doloso.
“Queremos que se haga justicia, no queremos que quiten el dedo del renglón; ya casi son tres meses de estos hechos, queremos que se haga lo necesario para esclarecer los hechos”, dijeron afuera de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula.
En la protesta llevaron una fotografía de Juan Carlos Portillo y clamaron justicia por su asesinato, del que dijeron sigue impune a tres meses de haber ocurrido.
La familia del artista poblano dijo que buscarán que se amplíen las investigaciones contra los servidores públicos implicados, además que exigieron sean clasificado el delito de manera correcta y no como homicidio culposo
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“Juan Carlos no vivió una situación aislada, hay muchas situaciones parecidas, desafortunadamente no todas son conocidas”, lamentó Laura, su hermana.
Juan Carlos Portillo tenía 30 años de edad, pertenecía a la primera generación de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
El sábado 12 de junio fue detenido por alterar el orden público y la mañana del domingo 13 de junio fue encontrado muerto. Desde ese momento sus familiares acusaron que fue golpeado por los policías, por lo que le causaron traumatismo craneoencefálico.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que todo apuntaba a que era un caso de abuso policial y se pronunció a favor de castigar a los elementos municipales y a los altos mandos de la corporación de San Miguel Xoxtla.
El miércoles 16 de junio fueron detenidos el director de seguridad pública, nueve elementos de la Policía Municipal y la jueza calificadora por encubrimiento, abandono de funciones públicas y usurpación de funciones.
