La política de drogas en México ha propiciado ejecuciones extrajudiciales y sigue vulnerando los derechos humanos de los usuarios, según el Índice Global de Políticas sobre Drogas 2021.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
En México no ha conseguido aplicarse una política de drogas que deje de criminalizar o revictimizar a los usuarios y, por el contrario, ha prevalecido un enfoque militarizado y represivo que favorece violaciones a derechos humanos, de acuerdo con el Índice Global de Políticas sobre Drogas 2021.
México ocupa la posición número 26 de 30 países incluidos en este índice, que clasifica en qué medida los gobiernos implementan políticas de drogas que favorezcan la salud, los derechos humanos y el desarrollo.
El país no logró destacar en ninguna de las cinco dimensiones de política de drogas, que son la salud, la reducción de daños, el acceso a medicamentos controlados, el desarrollo, la proporcionalidad de la respuesta de la justicia penal y la “ausencia de respuestas extremas”.
Son estos dos últimos indicadores los que revelan que en México los usuarios son vulnerables a violaciones de derechos humanos.
Según el índice, en México la práctica de ejecución extrajudicial en el curso de la actividad policial y militar antidrogas es muy frecuente.
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La muerte del actor Octavio Ocaña, en la que se vieron involucrados un grupo de policías municipales del Estado de México, refuerza este indicador y encierra la narrativa de más de una década de la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón: durante el caso, la policía ha filtrado videos obtenidos del celular del actor en los que se le observa consumiendo sustancias psicoactivas, como si eso justificara el posible abuso policial que derivó en su muerte.
El Índice Global de Políticas sobre Drogas 2021 también señala que en México la persecución o aplicación de la política estatal de drogas termina en el encarcelamiento de personas no violentas.
Tampoco hay opciones o modalidades de tratamiento para personas que requieran atención clínica, y que sean alternativas al enjuiciamiento o el castigo relacionado por delitos sobre drogas.
Un monitoreo realizado por Manatí durante los primeros nueve meses del 2020 arrojó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detuvieron a 512 personas por posesión de droga.
Pero las detenciones son opacas: no se informa la edad de las personas ni el gramaje específico de las sustancias psicoactivas que les fueron confiscadas.
De hecho, el 20% sólo fueron detenidos por posesión. En tanto que al 36.2% se le detuvo bajo el delito de narcomenudeo, lo que supone que portaban más del gramaje permitido en la Ley General de Salud.
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De acuerdo con México Unido Contra la Delincuencia (MCUD), a lo largo de una década la guerra contra las drogas sólo ha “castigado a los eslabones más débiles de la cadena de tráfico”: el 40% de los detenidos portaban menos de 500 pesos en mercancía y sólo el 14% de los sentenciados poseían más de 1 millón de pesos en drogas.
Según Adriana Muro, directora de la organización Elementa DDHH, la prisión preventiva en México sólo ha sido utilizada para “mantener privadas de la libertad a miles de personas sin sentencia por delitos menores de drogas como posesión simple”, y no para investigar a las estructuras del narcotráfico.
En ese sentido, el Índice Global de Políticas sobre Drogas 2021 es claro: los intentos por despenalizar las drogas en México —como la mariguana— no han sido nada eficaces para desviar a las personas que consumen drogas del sistema de justicia penal.
Incluso, el índice señala que es común que, en lugar de ofrecer alternativas clínicas específicas para cada persona, existe una práctica generalizada de reclusión no consentida y obligatoria en casos de personas que llevan un consumo problemático de sustancias psicoactivas.
