Resulta aterrador que once mujeres al día sean asesinadas, desaparecidas, violentadas, y que mientras redactamos sobre el daño de la violencia, otro delito en razón de género está siendo cometido con probable impunidad
POR: ISABELLA NÁJERA y DERECHOS MÁS HUMANOS
Las diversas manifestaciones de la violencia permean en las vidas de todas y todos, sin embargo, derivado de un pacto histórico entre los roles de género, la desigualdad y discriminación, las mujeres vemos nuestras vidas especialmente marcadas por el miedo.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), en Puebla el 64.3% de las mujeres reportaron haber enfrentado algún incidente de violencia en algún momento de su vida, lo que puede traducirse en que más de la mitad de las mujeres mayores de 15 años hemos sido parte de las estadísticas administrativas de violencia física, psicológica, económica, patrimonial y/o sexual en diversos ámbitos por nuestro sexo.
Entonces, ¿no estamos frente a un escenario de vulnerabilidad? Por un lado, el desconocimiento de los tipos de violencia y de las leyes nos coloca en una situación de riesgo, “¿por qué no denuncian?”, nos dicen, pero al mismo tiempo, el conocimiento también nos puede convertir en una presunta “amenaza” y en personas incómodas para el sistema sexo-género actual.
Entonces, hablar sobre las múltiples violencias y su repercusión en la calidad de vida de las mujeres y de quienes las rodean necesita un punto de partida, tal vez comenzar por conocer que la violencia de género contra mujeres es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público, pero también es la tolerancia de las autoridades ante noticias de feminicidios, violaciones, acoso, violencia familiar, violencia vicaria y desapariciones, por mencionar algunos.
Al día 30 de junio de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó un total de 18,572 mujeres desaparecidas y no localizadas desde el 15 de marzo de 1964, sin que se pierda de vista que dichas cifras son provenientes de registros administrativos, es decir, existe presencia de subregistros que no se están contabilizando, no se está dando noticia de todas las niñas, adolescentes y mujeres que faltan en el país.
En cuanto a Puebla, es pertinente recordar la investigación realizada por Gabriela Hernández para Proceso, donde se narra que, de las 760 mujeres reportadas en 2021 como desaparecidas, 56% de ellas son menores de edad, lo que apunta a las redes con fines de prostitución. También se destacó que cada 29 horas, una persona desaparece.
La pregunta obligada es, ¿por qué deja de conocerse el paradero de 18,572 mujeres, niñas y adolescentes en un instante?, ¿cuántas de ellas fueron o están siendo víctimas de violencia sexual o feminicida? y ¿hasta cuándo lo serán?
Como sociedad lastimada tenemos el deber de la memoria, no olvidar que seguimos siendo testigos de noticias con el nombre de Debanhi. Señalamos que meses atrás, existía gran indignación por María Fernanda Contreras, y una semana antes de ella, lloramos por Atena de 13 años, por Lourdes Mañón también de 13 años desaparecida desde el 30 de enero en el Estado de México y encontrada en un terreno baldío con signos de violencia sexual; no nos permitimos olvidar que antes de Debahni, María Fernanda, Atena y Lourdes, fueron Flor Nínive y Rubicela Gallegos, reportadas como desaparecidas en 2016 y 2019, cuyos restos fueron encontrados en el sótano de una casa en Atizapán, y que la lista que sigue no promete ser menor. Hoy es Luz Raquel Padilla.
Si bien es cierto que como sociedad tenemos el deber de recordar, como si se tratara de un pacto colectivo por la verdad y una forma de sanar, hay que señalar que la memoria ciudadana no suple la obligación del Estado de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas, así como de implementar medidas efectivas de prevención y de reparar el daño colectivo que se ha ocasionado por sus omisiones e incluso, por su tolerancia.
El caso de feminicidio de la defensora poblana de derechos humanos, Cecilia Monzón, puede ser un ejemplo de que como mujeres nos enfrentamos a factores de desigualdad estructural y que los asesinatos motivados por el género pueden ser advertidos si se es diligente. A través del testimonio de Cecilia, se demostró que conocer la normativa, los procesos burocráticos ante la Fiscalía, las autoridades responsables y señalar a su mismo agresor, no son garantía de seguridad. Denunciar en todos los casos no es sinónimo de libertad y mucho menos de vida y tampoco es una política de prevención ni erradicación.
Prevenir las violencias requieren más que conferencias o mensajes de solidaridad gubernamentales, o minutos de silencio en el Congreso, se necesita de la rendición de cuentas y resultados concretos de los mecanismos implementados en la materia, tal como lo es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Sistema Estatal para el caso poblano, los sistemas municipales y el funcionamiento y recurso asignado a las Comisiones Locales de Búsqueda y Comisiones de Derechos Humanos, sin dejar a un lado a las Instancias Locales y Municipales de las Mujeres.
En ese sentido, el Observatorio “Con los Ojos Abiertos: Por el Derecho a la Verdad”, publicó el 18 de abril del año en curso, que la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla destinó en 2020, seis millones 774 mil 400 pesos para llevar a cabo 12 capacitaciones, mientras que en 2021 se destinaron cinco millones 28 mil 500 pesos para 7 actividades formativas, de donde se destaca que en 2020, algunas de las capacitaciones fueron brindadas por empresas cuyo giro se relaciona con distribución de productos y no así a brindar servicios jurídicos especializados en la materia. Aunado a lo anterior, se señaló que no hay evidencia concreta sobre los resultados de las capacitaciones y de un seguimiento al personal.
De igual forma, en Puebla en el año 2019 se conformó el “Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del seguimiento a la Implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla” (GIM), el cual, es el órgano encargado de evaluar las acciones realizadas en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (mecanismo que se activa cuando en un territorio determinado la violencia feminicida permanece impune); no obstante, la publicidad de su trabajo da mucho que desear, pues al realizar una búsqueda sencilla en plataformas gubernamentales, difícilmente se puede acceder a un historial ordenado de las reuniones y observaciones que se han ejecutado, olvidando que los asuntos de gobierno son un asunto de todas y todos, por lo que deben ser documentos accesibles en plataformas concretas en diversas lenguas. La utopía democrática.
La incapacidad del estado para prevenir, atender y sancionar las desapariciones y posteriores feminicidios y de contener la violencia de género que se desborda, así como su negligencia para transparentar y rendir cuentas sobre las acciones que se implementan en la materia, incrementa la posibilidad de que cualquiera pueda ser víctima (sin dejar de observar los factores de interseccionalidad de cada mujer).
Por otro lado, nosotros, tú y yo, como una alternativa real ante la inactividad estatal, ¿cómo podemos contribuir a prevenir la violencia de género? Cuando la violencia se sustenta en la actuación colectiva y en la profundidad de la cultura, el primer paso es dejar de normalizar conductas discriminatorias y basadas en estereotipos, abandonar la indolencia y comenzar a generar redes de apoyo que no revictimicen. Como sociedad podemos y debemos retomar el concepto de dignidad como aquello que nos concierne en lo individual y colectividad, pues tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia.
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El escribir esta opinión y recordar que el miedo tiene un sustento, implica un fuerte desgaste emocional, sin embargo, resulta muy complicado no sentirse comprometida ante el infierno que vivimos cada día en el país; es necesario que como sociedad entendamos por qué suceden hechos así, quiénes tienen responsabilidades y cómo se están sancionando (o no) a las autoridades omisas.
Resulta aterrador que once mujeres al día sean asesinadas, desaparecidas, violentadas, y que mientras redactamos sobre el daño de la violencia, otro delito en razón de género está siendo cometido con probable impunidad, lo que invariablemente nos lleva a preguntarnos, ¿cuánta violencia podremos seguir sosteniendo?
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