En esta columna invitada, María Fernanda Santos reflexiona sobre el derecho a decidir y el papel que jugaron las y los abogados en las discusiones sobre el tema.

MARÍA FERNANDA SANTOS DE LA ROSA | @Ferechoshumanos

El 15 de julio de 2024 se vivió un acontecimiento histórico en Puebla: se reconoció por primera vez en el Congreso del Estado, la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes al momento de decidir sobre su sexualidad y sus derechos reproductivos. En resumidas palabras, ganó el derecho a decidir, sobre la criminalización, pues se aprobó el Dictamen que presentó la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por el que se reforman los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, que prevé el derecho a abortar hasta la semana 12 de gestación.

En junio de 2021, compartí mi opinión sobre lo que fue el Parlamento Abierto convocado por el Congreso de Puebla sobre el alcance de los derechos sexuales y reproductivos, y subrayé la participación de grupos conservadores que resaltaban dos puntos en particular: que existían “asuntos más importantes” para legislarse, y que las mujeres “merecemos” el acceso a la salud cuando cumplimos con estándares morales acordes a los suyos,  básicamente -anoté en esa entonces opinión- como si los derechos humanos fueran una mera transacción Estado-particulares por la meritocracia. 

No muy alejado de hace tres años, ahora en 2024, las y los diputados del PAN reiteraron argumentos que inducían a la desinformación sobre el funcionamiento de los principios de los derechos humanos, la democracia y lo que es el Estado de Derecho, y asociaciones religiosas y hasta instituciones educativas, usaron de manera indiscriminada el concepto de “derechos humanos”, sin comprender jurídica y socialmente lo que representan, y mucho menos la forma en que se interpretan y aplican en el marco jurídico no solo mexicano, sino internacional e interamericano.

En un primer momento, ya durante la sesión plenaria para la votación del Dictamen, el Dip. José Miguel Espinosa de los Monteros Gil del PAN, expuso que el derecho a la vida es el derecho por excelencia, sin el cual, no pueden llevarse a cabo los demás derechos, y que existen tratados internacionales que indican que el derecho a la vida debe ser respetado por los Estados; también mencionó que habrá que trabajar juntos para beneficiar a las dos vidas, ya que era bien conocido que tenemos un sistema de salud deficiente, que carece de infraestructura, personal y recursos económicos, por lo que el aborto significaba un riesgo significativo.

Para finalizar, el diputado José Miguel señaló que ha solicitado legislar sobre otros temas, tales como la creación de la ley de participación ciudadana, haciendo mención de ésta como de mayor interés social -personal más bien- en comparación a legislar sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Secundando la opinión del diputado, la diputada Karla Rodríguez Palacios, también del PAN, indicó que aprobar el Dictamen, era “darle gusto a quien mece la cuna”, quien de “lo oscurito” hace las cosas; también dijo que se promovía la cultura de la violencia, pues se ha demostrado que en los estados donde se ha despenalizado el aborto, han incrementado los casos de feminicidio, violencia intrafamiliar -violencia familiar- y abortos, y cuestiona que para qué tuvimos una reforma al artículo primero Constitucional donde dice que las autoridades tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, si se aprueba la despenalización del aborto.

En un siguiente momento, tomó uso de la voz la diputada Nancy Jiménez Morales, también del PAN, quien dijo que no tenemos un buen sistema de salud como para ahora incluir el derecho a abortar, que no hay una correcta política de educación sexual donde se hable sobre qué son las relaciones sexuales y sus consecuencias, y menos sobre los anticonceptivos o medidas de protección correspondientes -olvidando que el PAN promovió iniciativas como el PIN PARENTAL contra la educación sexual en las escuelas-

Casi para terminar su discurso, Nancy Jiménez sentenció inconforme, que la votación de este Dictamen fue en “fast track”.

Ya concluyendo las intervenciones previo a la votación, Rafael Alejandro Micalco Méndez y Mónica Rodríguez Della Vecchia reiteraron los argumentos ya expuestos, añadiendo una variante sobre términos del Derecho Romano y el recordatorio de un babyshower, que consideraron, abonaba al análisis de legalidad y constitucionalidad de nuestros derechos en el Congreso.

Una vez escuchado lo anterior, luego de haber celebrado que se hizo historia tras aprobarse el Dictamen y ser turnado al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y después de haberme dado cuenta de que a pesar de los bloqueos y condicionamientos que hicieron grupos conservadores para que las y los diputados que fueran a votar a favor no entraran al recinto, caí en cuenta de que por más sentencias de la Suprema Corte que tuviéramos, por más estudios sobre Derecho Constitucional que se hicieran accesibles para las y los servidores públicos, existe un completo desconocimiento sobre cómo se interpreta el Derecho en el marco jurídico actual, y peor aún, de todas las opciones, existe un sector poblacional que sigue privilegiando aquellas que criminalicen y sean discriminatorias para las mujeres.

En un primer plano, nos responsabilizo a quienes somos abogadas y abogados y personas de la función pública, porque a pesar de los esfuerzos de algunas y algunos -muy valiosos por cierto-, no hemos sido capaces de sociabilizar el Derecho con la sociedad en general, y no hemos entendido que los derechos humanos no son concesiones o transacciones del Estado, o que no están supeditados a voluntades políticas y financieras, sino que son producto de luchas sociales y movilizaciones que demostraron la necesidad de proteger otros aspectos de nuestras vidas. Los Derechos se reconocen, no se otorgan.

En un segundo momento, responsabilizo a las y los diputados y sus asesores, que, a pesar de encontrarse en una posición privilegiada y tener acceso a jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales, y a pesar de contar con investigaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil que han caminado por años la lucha en favor de las mujeres, deciden interpretar las leyes a conveniencia, anteponer creencias personales y religiosas a pesar del modelo de gobierno y Estado que tenemos, y no reconocen la necesidad de adecuar las normas que crean a los parámetros acordes a los principios de igualdad, no discriminación, interpretación conforme a la constitución y el principio pro persona -y luego se quejan que el Poder Judicial los revisa-

Respondiendo entonces a las y los diputados participantes en la sesión de hoy, quiero recordarles que los argumentos de jerarquización de los derechos, como indicar que hay asuntos más importantes que otros, o anteponer así, sin más el derecho a vida sobre los demás, es un falso debate en nuestro sistema jurídico, pues ya se ha discutido ampliamente, que los derechos humanos cuentan con principios, como lo es la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, son inalienables y progresivos, lo que significa que para que un derecho se viva y ejerza plenamente por una persona, necesita de la garantía de derechos conexos, y no se puede elegir una “parte” de un derecho a conveniencia.

Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia paradigmática sobre caso “Niños de la calle vs. Guatemala”, ya dijo que el derecho a la vida no se reduce a respirar o existir, o a no ser privado de la vida, sino que su proyección normativa -o sea, su alcance de interpretación- debe ser el de vivir dignamente, ¿y qué es vivir dignamente? Que para que una persona ejerza el derecho a la vida, necesita que el Estado garantice los derechos a la alimentación, a la educación, a la protección de su integridad y a la salud por mencionar algunos:

“[…] el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna” (párr 144)

A su vez, en la sentencia “Artavia Murillo vs. Costa Rica”, un caso sobre el análisis sobre si el derecho a la vida existe y debe protegerse desde la concepción en términos absolutos, la Corte dijo que si bien es cierto en la Convención Americana (un tratado internacional regional del que México es parte) se establece que el derecho a la vida debe protegerse en la ley, y en general, desde el momento de la concepción, eso no deberá interpretarse como si se privilegiara una protección al embrión sobre los derechos de las mujeres, sino que, la protección del embrión es progresiva y sin restringir los derechos de las mujeres, pues cuando se redactó la Convención Americana, el sujeto de protección no eran los embriones, sino las personas nacidas y sus derechos civiles y políticos. 

Lo anterior no quiere decir que se deba desproteger a los productos de la gestación, sino que dicha protección será progresiva conforme sea su desarrollo, y no deberá restringir los derechos de la madre. En pocas palabras, existe la protección al embrión y al hijo por nacer, pero esa protección no debe anteponerse al derecho a la autonomía de las mujeres y sobretodo, su derecho a la salud, pues en sus palabras, el derecho a la salud constituye no solo la falta de afecciones, sino un estado completo de bienestar físico, mental y social, y forzar un embarazo no deseado, es considerado tortura.

Por otro lado, en cuanto al argumento sobre que se cuenta con un deficiente sistema de salud, y que por esa razón, despenalizar el aborto sería poner a las mujeres en mayor riesgo, es preocupante que los legisladores supediten el reconocimiento de los derechos al desempeño y administración de los recursos que realizan los servidores públicos. De hecho, deberían ser cuestionados por todos, pues observamos y escuchamos que los diputados, en lugar de velar y asegurar el efectivo uso de los recursos públicos, generar planes y estrategias nacionales y estatales para el acceso y goce de derechos prestacionales, como lo es la salud, decidan decir sin más, el sistema no funciona.

Finalmente, indicar que existe un aumento en los casos registrados sobre feminicidio, violencia familiar, y demás violencia de género contra las mujeres, y casos de aborto, como consecuencia de “inculcar una cultura de violencia”, como lo es despenalizar el aborto, es un razonamiento engañoso, una falacia dirigida a las personas para provocar emociones, pues realizan una clasificación de variables que no tienen naturalezas iguales, pues confunden heridas generacionales de violencia machista, tipos y modalidades de violencia de género, con un derecho humano, como el derecho a la salud, a la autonomía, a la libre determinación, a la igualdad, a la integridad sexual y a la vida privada. Los primeros encuentran su naturaleza en la discriminación, y el aborto es un derecho que busca precisamente, poner a la mujer y su autodeterminación en el centro ante conductas machistas, discriminatorias y una cultura de la maternidad forzada como rol de género.

Podría seguir respondiendo ahora a los argumentos del Diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez y Mónica Rodríguez Della Vecchia, pero sería igual de vano y redundante que su participación en el Pleno.

La conclusión a la que quiero llegar es que, en realidad, la carrera por el derecho a nuestra autonomía reproductiva y la decisión sobre el futuro, no fue en “fast track” como diría la diputada Nancy, inconforme con el Derecho que surge desde las mujeres, y con la democracia que no es compatible a sus creencias, sino que ha sido un proceso intergeneracional y esfuerzos jurídicos, académicos, sociales, culturales, etc.

El reconocimiento de nuestro territorio corporal no fue creado de la noche a la mañana, o del viernes al lunes con el Dictamen a las iniciativas que buscaban despenalizar el aborto en Puebla, más bien, el Dictamen y su votación fue el resultado de la lucha y movilización de miles de mujeres organizadas, que reconocieron la importancia no solo de vivir, sino de vivir dignamente, que no se les olvide.

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