A partir de 2020, grupos de universitarias protestaron en sus escuelas por un tipo de violencia hasta entonces acallado: el acoso. Las protestas desvelaron que la mayoría de las universidades en Puebla no poseían (ni entonces ni ahora) protocolos adecuados para atender estas denuncias.
PALOMA FERNÁNDEZ | GUADALUPE JUÁREZ
@palomapen | @lupjmendez
En los últimos años han aflorado denuncias públicas de acoso y hostigamiento en distintas universidades públicas y privadas del estado.
Pero la reacción que las autoridades de cada universidad han ofrecido se ha quedado corta. Esto es en parte porque las universidades no cuentan con mecanismos adecuados para atender estas denuncias, sancionarlas y sobre todo prevenirlas
Manatí revisó el funcionamiento de seis de las principales universidades públicas y privadas del estado: BUAP, UPAEP, Ibero Puebla, UTP, ITP y UDLAP. El resultado de ese análisis es que sólo cuatro de seis universidades cuentan con un protocolo de género para atender casos de acoso o violencia de género.
La cuestión es que en tres de estos cuatro espacios de decisión que resuelven sanciones contra alumnos, profesores o trabajadores son encabezados, precisamente, por hombres. Y si ese no fuera el problema, enima las personas que denuncian tienen que pasar por un proceso largo, burocrático y revictimizante.
Si las mujeres tuvieran más espacios en los puestos directivos y de decisión al interior de las universidades, posiblemente serían más sensibles frente a las denuncias de las y los estudiantes.
“Pero se requiere formación, es decir, no es suficiente con ser mujer. Se requiere también una formación relacionada con los derechos humanos de las mujeres, relacionada con esta apuesta tan importante que tenemos enfrente las universidades de incorporar la transversalidad de género”, explica Claudia Alonso González, responsable de género en Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.
La transversalidad de género es una estrategia institucional que debe incorporar el principio de igualdad y no discriminación, así como perspectiva de género en toda la organización de la institución, señala la académica.
Para Sagrario Lobato Huerta, integrante del núcleo de género de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), para conseguir esta formación hacia las mujeres se tiene que empezar con planes y programas de estudio desde la primaria, relacionados con la sensibilidad de género.
“Porque solamente cuando llegamos con ese chip del de la sensibilidad de género es cuando podemos hacer cambios. Ya una persona adulta de 30, 40 años que ha sido toda su vida patriarcal, que gozado de los privilegios, es más, que le gusta estar sometidas a los privilegios del patriarcado porque si no se siente rara y hasta se enoja, va a ser muy difícil que se ponga una banderita de género”, apunta.
Las protestas desde las aulas
La chispa de las protestas contra el acoso en las universidades empezó en marzo de 2019 en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Un grupo de 50 alumnas denunció en un tendedero a alumnos y por lo menos 12 profesores que acosaban, hostigaban y habían hecho tocamientos lascivos contra ellas.
Y ahí se dieron cuenta. Aunque la BUAP tiene un protocolo de denuncia, en éste se debe de denunciar con coordinadores de la escuela… el problema es que algunos de ellos eran, al mismo tiempo, señalados como responsables de esas agresiones.
La denuncia se convirtió en un cántico en los patios de algunas universidades, Un Violador en tu Camino, creada por un colectivo chileno LasTesis, cuya letra fue replicada por alumnas en diciembre de 2019.
Unos meses antes, la colectiva Yo Podría Ser tu Hija reveló que al menos seis de cada 10 universitarias habían sufrido algún tipo de acoso afuera de sus escuelas.
Tras denuncias en otros planteles educativos, como en la UPAEP, en octubre de 2020 nació el Observatorio Universitario contra el Acoso, que apoyaría a alumnas de universidades tanto públicas como privadas para la búsqueda de justicia y reparación del daño.
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Pero esta fue una reacción estudiantil contra un problema nacido entre las direcciones universitarias. En parte, esta respuesta de las estudiantes fue provocada por los procesos burocráticos y repetitivos que enfrentaban al querer denunciar de manera formal en estas seis universidades.
A ello se suma la ausencia de interseccionalidad en las normativas, ya que solamente dos instituciones contemplan faltas, agresiones o violaciones a la integridad de la comunidad LGBT+.
Manatí revisó los protocolos de atención de denuncias de las seis universidades. ¿Qué fue lo que encontramos? Omisiones, fallas, vacíos y falta de sensibilización.
El protocolo de la BUAP, la máxima casa de estudios
En la BUAP no hay más que revictimización y vacíos en su protocolo de denuncia, mismo que fue regulado hasta noviembre de 2019, pues no contaban con uno.
El llamado “Protocolo para la prevención y atención de la discriminación y violencia de género en la BUAP” específica que las denuncias pueden ser tomadas por diversos órganos de la comunidad académica y administrativa, pero principalmente la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU) y la Oficina de la Abogada General (OAG).
Dichas denuncias tienen que contar con una serie de requisitos como un escrito libre que debe contener el nombre completo de la víctima, su edad, número o contacto, nombre completo de la o el señalado, descripción de la relación entre las partes, y un relato “claro y detallado de los hechos”.
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Así como también “pruebas” que estén al alcance de la víctima, como testigos, videos, audios, fotografías, documentos, entre otros. Hasta el final aclaran que se tomará la denuncia, aún si no se cuentan con ellas.
La SSU y la OAG entrevistan a la víctima y al agresor o agresora, aunque las medidas de restricción a la que está sujeta la persona señalada son enunciativas, pero no limitativas.
En otras palabras, sólo se le comentaran medidas como que no puede hablar con la víctima o acercarse a ella, así como no tomar represalias, pero esto no se vuelve obligatorio.
En cuanto a la prevención, los mecanismos se centran en fomentar en la comunidad un ambiente de respeto y seguridad con campañas de promoción e información.
El protocolo de la UPAEP
En la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) su protocolo tuvo modificaciones en 2020, pero fue creado con base a reglamentos de estudiantes y colaboradores entre 2001 y 2016.
El protocolo está enfocado únicamente al hostigamiento y acoso sexual, basado en las definiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“El ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima, frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”, remarca.
Aún así, existen 5 niveles en los que se clasifican diversas faltas: leve, moderado, medio/fuerte verbal, fuerte/con contacto físico y muy fuerte, respectivamente.
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En los primeros tres niveles, se clasifican faltas como: chistes o comentarios lascivos u ofensivos sobre la sexualidad de la víctima, exhibir contenido sexual en imágenes o videos, presionar a las víctimas por llamada o correo a sostener relaciones sexuales, y expandir rumores de su vida sexual.
Dentro de las ofensas de nivel medio o fuerte verbal, se estipula que llamar “gay”, “lesbiana” o cualquier otro calificativo que refiera al género de la víctima, es una falta denunciable, y se sanciona con cursos de sensibilización de género.
Sobre el proceso de denuncia, el panorama se vuelca ante tres autoridades máximas que conforman el Comité de Integridad Institucional; el secretario general, el director de desarrollo humano, y el decano o director de la escuela a la que la víctima y victimario pertenecen. Todos son hombres.
Para denunciar se tiene que rendir una ratificación de los hechos, y ya sobre ese testimonio, se investigará, entre otras cosas, que la denuncia no sea causada por prejuicios o, reacciones hipersensibles de la víctima.
Igualmente se ofrece el acompañamiento de una persona capacitada de la cual no se especifica área o capacitación, pero fungirá como guía durante el levantamiento de la denuncia y la investigación.
El protocolo de la UTP
En la Universidad Tecnológica del estado de Puebla (UTP) cuentan con el Protocolo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación para Prevenir, Atender, y Erradicar Hechos de Violencia, Acoso, Hostigamiento y Discriminación.
Este comité es presidido por el rector Miguel Ángel Celis Flores; coordinado por la abogada general, Minerva Ramírez Hernández, y conformado principalmente por mujeres.
Además cuentan con Elizabeth Cabrera Tenorio, quien es la ombudsperson institucional, certificada para la atención de mujeres en casos de violencia de género y responsable de velar por los derechos humanos de las y los denunciantes que acudan a este órgano.
El protocolo de esta universidad se encuentra dividido en cuatro etapas: la primera es la elaboración de la queja en buzones físicos o electrónicos, con la coordinadora del comité, con la subcoordinación, o directamente con la ombudsperson.
La segunda es la mediación, que le compete a la ombudsperson y consiste en la consulta del caso con la denunciante, a la par de brindar acompañamiento para reconocer sus derechos como estudiante, trabajador o miembro de la institución.
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La tercera y cuarta etapa es cuando los procesos pueden volverse largos para las o los quejosos, ya que es la etapa de investigación de la denuncia, resolución, y la ejecución de esta.
En estos rubros entra todo el comité, quienes clasifican las conductas denunciadas como no graves, graves o muy graves.
En esta clasificación influyen factores como temporalidad, modalidad, consentimiento, seriedad de la acusación, que no haya más de una persona afectada, y que la integridad de la víctima no se vea perjudicada.
Este proceso puede tomar más de 15 días, ya que las autoridades competentes tienen que determinar el tipo de agresión o falta que se dio, cómo será sancionada, y el tiempo de respuesta.
En la normativa establece que el proceso de evaluación, resolución y expedición del informe o recomendación lleva al menos 10 días hábiles, o puede tomar más, dependiendo de lo que determine el comité para finalmente poder llegar a la aplicación de sanciones o soluciones.
El protocolo de la Ibero Puebla
La Universidad Iberoamericana de Puebla integró en su estructura interna una Comisión de Igualdad de Género conformada por académicas, estudiantes, representantes de área y expertas de la institución.
Sin embargo, para denunciar se basan en el protocolo proporcionado por la Secretaría de Educación.
En el proceso de denuncia intervienen la Procuraduría de Derechos Universitarios, la Mediación Universitaria –que dependiendo del caso se puede transformar en el Comité Consultivo de Asuntos Disciplinarios ad casum– y el Tribunal Universitario.
La Procuraduría se encargará de revisar, catalogar y expedir una solución acorde a la falta denunciada.
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Pero en caso de que se trate de una falta ético disciplinaría, se instará el caso a Mediación universitaria, que realizará el mismo proceso enfocado a este rubro, y dará una solución por escrito acorde al caso.
El tercer organismo entra cuando cualquiera de las partes considere que no se dio un debido proceso o se violaron sus derechos universitarios o humanos; este se encargará de modificar o definitivamente revocar las resoluciones antes dadas por otros órganos universitarios.
La o el denunciante tiene que rectificar su denuncia. Lo que significa que, una vez emitida, tiene que rectificar una vez más todos estos datos, pero ahora con el posible conocimiento de su agresor o agresora, ya que esta segunda parte también participa de la rectificación, pero para confirmar que le fue notificada la denuncia.
El protocolo del ITP
Como una universidad vinculada a la Secretaría de Educación, el protocolo de género del Instituto Tecnológico de Puebla (ITP) parte la denuncia formal, no sólo ante autoridades de la institución, sino también gubernamentales.
Esto implica que desde el principio la víctima debe denunciar ante autoridades académicas o de la Secretaría.
Las sugerencias para tratar los temas se quedan en una invitación al personal para que las denuncias se hagan desde confidencialidad, seguridad de la víctima, y teniendo en consideración no cometer revictimizaciones o desestimaciones que puedan agravar el proceso de denuncia.
Alguien que denuncia debe de llenar un formato que contiene datos personales de la mujer o adolescente atendida (nombre, edad, domicilio, escuela, turno), el nombre del agresor o agresora en iniciales, y una narración de los hechos en tiempo, modo y lugar.
En el documento se necesita la firma del director de la institución, de un testigo del hecho, de un tutor de la denunciante, y su propia firma.
Las sanciones se limitan a dejarlas a consideración de la institución, según la falta. Y tener como complemento la denuncia ante las instancias gubernamentales.
El protocolo de la UDLAP
En la Universidad de las Américas (UDLAP) no cuentan con un protocolo de género transparentado o publicado en sus medios oficiales.
El único referente al respecto es una tesis publicada en primavera de 2020 por una estudiante de derecho de la institución, en la cual expuso su propuesta para el Protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual.
En él desarrolló 39 artículos que definen, instruyen y atienden con soluciones variadas el proceder ante estos casos, con funciones, sanciones, procedimientos y recursos que deben ser aplicados para garantizar un proceso seguro e integral ante estos casos.
Hasta ahora, el único mecanismo es el sistema conformado dentro de la misma institución, el cual sigue la estructura de los tres poderes, es decir, se dividen en ejecutivo, legislativo y judicial.
El primero está conformado por cinco estudiantes bajo los papeles de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y coordinador de eventos.
El poder legislativo está conformado por las mesas de todas las carreras y divisiones académicas de la institución.
Y, por último, el poder judicial, que se conforma por un juez presidente, juez disciplinario, juez auditor, juez electoral y juez administrativo; en el que podrían recaen las denuncias de violencia de género en la institución.
Pero sin reglas claras de cómo deben proceder ante las denuncias de acoso al interior, los órganos internos tienen libre decisión de cómo proceder en cada caso.
