Los padres de Ximena, Francisco Javier y José Antonio, estudiantes que fueron víctimas de asesinato hace dos años en Huejotzingo, exigieron que se aplique pena máxima en contra de los presuntos responsables del crimen, a un día de que comience el juicio .
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
Hay seis rostros destrozados, que tragan saliva al hablar del homicidio de sus hijos, de justicia y de confianza en las autoridades. Son los rostros de los padres de Ximena Quijano Hernández, José Antonio Parada Cerpa y Francisco Javier Tirado Márquez, universitarios asesinados en Huejotzingo en 2020, junto a Josué Emanuel Vital, el conductor de Uber que los llevaría de regreso a casa.
Han pasado dos años, pero todavía no hay sentencia en contra de los tres presuntos responsables, a quienes acusan del homicidio y del robo del vehículo en el que se trasladaban cuando regresaban a Puebla, después de asistir a un carnaval.
Es jueves 24 de febrero de 2022, a un día de que inicie el juicio y analicen las “más de 100 pruebas” –como asegura el asesor legal de las familias– que tienen contra los integrantes de una banda de vehículos, a quienes acusan de asesinar a cuatro personas.
La familia de Josué Emanuel Vital no se encuentra, pero el proceso es el mismo.
A las tres personas detenidas, Pablo de Jesús, Ángel N y Lisset N., los enjuiciarán por robo agravado y homicidio calificado, delitos por los que las familias piden sean sentenciados con la pena máxima, es decir, 75 años de prisión.
A dos años de distancia del crimen y la serie de teorías que manejó la Fiscalía General del Estado (FGE), ahora sólo queda una: la del robo del vehículo, afirma Ricardo Fernández, asesor jurídico de las familias, quien afirma que tienen los elementos suficientes para señalar que sólo hay tres implicados, los detenidos.
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Por tanto, descarta la participación de El Pirulí, un “líder criminal” que incluso se fugó del penal de San Miguel y que la FGE presumió en noviembre de 2020 que era el jefe de la banda de las personas señaladas por el multihomicidio de los estudiantes en Huejotzingo.
Las familias Parada Cerpa, Quijano Hernández y Tirado Márquez pidieron a las autoridades estatales que no haya impunidad.
“Nuestros corazones no podrán estar en paz hasta no ver a estos delincuentes en la cárcel por el resto de sus vidas (…) la muerte de nuestros hijos es irreparable y nuestro sufrimiento eterno, es por eso que confiamos en su trabajo y exigimos enérgicamente se imparta justicia en forma muy estricta”, leyeron.
Jorge Enrique Quijano, padre de Ximena –originaria de Colombia–, tomó el micrófono y con la voz entrecortada pidió que no se vuelva a repetir un caso similar al de su hija. “Hay que exigir respeto a los estudiantes de medicina”, agregó.
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Francisco Javier Tirado, padre del joven veracruzano que llevaba el mismo nombre, insistió en que los presuntos responsables deben recibir la pena más alta: “Que la pena máxima sea un ejemplo, para que los estudiantes no sean tocados”, dijo.
Ximena y José Antonio eran estudiantes de intercambio en la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) y Francisco Javier estudiaba en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Los tres fueron a Huejotzingo el 23 de febrero de 2020 y, al regresar, fueron asesinados junto a Josué Emanuel Vital, quien era el conductor del Uber en el que viajaban.
Su asesinato causó la indignación de la comunidad universitaria que creó en un primer momento la movilización “Ni una bata menos” y que luego creció como un grito de exigencia de todas las universidades del estado que hicieron una megamarcha para pedir un alto a la violencia contra la comunidad estudiantil en Puebla.
