De acuerdo con el gobierno de Puebla, las vallas publicitarias fueron retiradas de las ciclovías debido a que eran espacios irregulares y contaminaban la zona visualmente.
Pobladores de Tlaxcala protestaron para exigir que no se realice el Autotrén, proyecto financiado por empresarios y respaldado por el gobierno estatal.
El gobierno del estado congeló los recursos con los que operaba el OVIGEM; las extrabajadoras demandaron a Armando García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJP), porque desde hace un año no han recibido su liquidación.