Otra vez la Coparmex Puebla contra la seguridad vial; primero contra los cinemómetros, ahora contra las ciclovías.
Por Luz del Carmen Zenteno Gómez | @mamademanu2111
En 2022, el entonces alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció la implementación de cinemómetros para controlar la velocidad en Puebla, dado que los excesos de velocidad son una de las conductas de riesgo más recurrentes en nuestra ciudad. Vergonzosamente, ante la presión pública de Coparmex Puebla, Eduardo Rivera se retractó y canceló el programa.
Cuatro años después, la historia se repite. Tras meses de promover con mucho entusiasmo que Puebla tendrá una red de 500 kilómetros de ciclovías, ahora el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que la ciclovía de Zavaleta no se construirá y que la de Camino Real no tendrá confinamientos, atendiendo a una solicitud de Coparmex Puebla.
En ambos casos, el patrón es el mismo: una política pública de seguridad vial que puede reducir lesiones graves y muertes es retirada tras la presión de un sector empresarial organizado.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no es ambigua. Establece límites de velocidad de 50 km/h en vialidades urbanas, prioriza a las personas usuarias vulnerables y obliga a las autoridades a diseñar infraestructura segura. Zavaleta hoy tiene un límite de 70 km/h que va contra esa ley. La probabilidad de muerte ante un atropellamiento aumenta exponencialmente conforme se incrementa la velocidad.
Resulta indignante que, en ambas ocasiones, el sector empresarial haya intervenido sin abrir un diálogo público con las organizaciones de víctimas, especialistas en movilidad o colectivos ciclistas que han impulsado esta agenda durante años, sólo por la equivocada idea de que los clientes de sus agremiados sólo se mueven en coche y el resto de la gente no importa. La seguridad vial no puede discutirse exclusivamente desde la óptica del flujo vehicular o la comodidad del estacionamiento gratuito en vía pública.
No se trata de excluir al sector privado del debate urbano. Se trata de que las decisiones no se tomen unilateralmente ni en función de presiones coyunturales. Cuando una política pública que busca salvar vidas se cancela sin un proceso técnico transparente, el mensaje institucional es delicado: la seguridad puede ser negociable.
La ciudad ya vivió el costo de frenar los cinemómetros. Hoy enfrenta nuevamente la posibilidad de debilitar la infraestructura ciclista que podría ampliar opciones de movilidad segura. Si cada intento de ordenar el espacio público o de reducir velocidades se desactiva ante la primera resistencia organizada, la política de movilidad segura seguirá paralizada por culpa de los empresarios.
Gobernar implica escuchar, pero también sostener decisiones cuando la evidencia y la ley respaldan su necesidad. Invitamos a la Coparmex Puebla a tener un diálogo con las organizaciones de víctimas de la inseguridad vial para que entiendan que su postura seguirá costando vidas. Pedimos al gobernador Alejandro Armenta que no se eche para atrás. Contamos con su liderazgo para empujar la seguridad vial en Puebla.
Sobre Luz del Carmen Zenteno:
Mamá de “Manu” Emmanuel Vara Zenteno. Activista por la seguridad vial y las ciudades más humanas. Presidenta de Manu Vive A.C.,integrante de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial (FICVI) fue Galardonada con el Premio Carmen Serdán 2025.
Los materiales publicados en la sección “Opinión” son responsabilidad del autor/a y no necesariamente reflejan la línea editorial de Manatí.
