Ante la criminalización del aborto en Puebla, mujeres han tenido que acudir a la CDMX para interrumpir su embarazo.

PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN

El programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciudad de México ha sido solicitado, a lo largo de 12 años, por mil 349 usuarias procedentes de Puebla que han tenido que sortear las leyes que las criminalizan en su estado natal.   

Desde abril de 2007 a septiembre de 2019, según datos de la Secretaría de Salud de la capital, la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla son los tres lugares de origen de las usuarias más frecuentes de este programa.

Los datos señalan que el 73.6% de las usuarias radicaban en la capital, mientras que el resto provenía del interior del país, donde las legislaciones locales prohíben la interrupción del embarazo por otras causas distintas a la violación o a malformaciones eugenésicas del producto.

En Puebla, el primer antecedente de la criminalización del aborto tiene origen en la LVII Legislatura, que sólo era integrada por 12 legisladoras de un total de 41 diputados.

En marzo de 2009, por iniciativa de un diputado priista de nombre José Othón Bailleres Carriles, el Congreso de Puebla aprobó una reforma constitucional que estipula, hasta hoy, que “la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural”.

Una historia de criminalización

Cinco meses después, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla inició un proceso penal contra una joven de 20 años que interrumpió su embarazo.

Este caso encierra gran parte de la discusión del aborto: al no contar con clínicas seguras, la joven utilizó algunos medicamentos que le provocaron una hemorragia y tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Cuando los médicos detectaron que se trataba de un procedimiento abortivo, dieron aviso al área responsable de la investigación de homicidios de la PGJ, que inició una investigación contra la joven.

Dos años después, el Congreso trató de enmendar estas reformas y despenalizó la interrupción del embarazo cuando se tratase de una violación. Pero, hasta hoy, a pesar de que se han eliminado todas las agravantes por este procedimiento, el aborto sigue siendo considerado un delito.

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Desde 2009, la criminalización del aborto en Puebla ha sido un círculo: 69 personas han sido vinculadas a procesos penales y, según organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), algunas han sido criminalizadas por abortos espontáneos.

Este escenario ha orillado a las mujeres poblanas a acudir a las clínicas de la Ciudad de México. O al menos entre aquellas que poseen los medios suficientes para desplazarse hasta la capital.

Según datos de las autoridades de salud, el 46.6% de las usuarias del programa tienen entre 18 y 24 años, y el 53.9% eran solteras.

Una cuarta parte de las solicitantes eran estudiantes, en tanto que el 24.2% eran empleadas. El 5.3% no contaba con trabajo y el resto de las usuarias eran comerciantes, empleadas domésticas, profesionistas u obreras.

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