María Luisa Núñez Barajas de La Voz de los Desaparecidos en Puebla lamentó que el gobernador no quiera establecer un fondo estatal de búsqueda y limite la participación de las familias en su propuesta de ley sobre desaparición.
La iniciativa de ley fue presentada en julio del año pasada y busca proteger a las víctimas directas e indirectas del delito de desaparición de personas.
El crecimiento del crimen organizado, que se mueve por oleadas; y la indolencia, cuando no incapacidad, de las autoridades, son las dos constantes que explican el problema de la desaparición de personas en el estado
Alfonso Solís, África Quiroga y Roberto Hernández desaparecieron en Xicotepec hace cuatro años. Su búsqueda, desde entonces, no ha avanzado.
El gobierno devolvió 10 millones de pesos de un subsidio para la búsqueda de personas desaparecidas, simplemente por no usar los recursos.
La ley permite la participación de las víctimas de desaparición forzada, y regula la actuación de las autoridades en la búsqueda de personas.
El regreso de Fátima —de 13 años, desaparecida desde hace ocho meses—, y de Sergio —a quien su familia no veía desde hace cuatro años y daba por muerto—, reavivó la esperanza de los integrantes del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla de volver a ver a sus seres queridos.
El “Árbol de la Esperanza”, como fue llamado por el Colectivo Voz de los Desaparecidos, estará hasta el 26 de diciembre y cuenta con más de 50 fotografías.
Quizá esa sea la primera batalla en la cruzada que el único colectivo de familiares de desaparecidos en Puebla ha iniciado en el estado: la indolencia o el escepticismo de aquellos que no han perdido a nadie.
A pesar de que han denunciado ante la FGE el hallazgo de tres fosas clandestinas con al menos 30 cuerpos, en la zona del “triángulo rojo” , éstas no han sido intervenidas por falta de infraestructura para hacer excavaciones
