Guillermo Aréchiga Santamaría fue uno de los responsables del fracaso de la modernización del transporte público en Puebla.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
El exsecretario Guillermo Aréchiga Santamaría, uno de los responsables del fracaso de la modernización del transporte público, fue cesado de la Secretaría de Movilidad y Transporte bajo sospechas de corrupción y en un vasto operativo policial.
Por la tarde del jueves 11 de marzo, al menos siete patrullas de la Policía Estatal rodearon la dependencia e impidieron a Aréchiga Santamaría y a sus colaboradores más cercanos tomar cualquier tipo de documentación o equipo oficial.
Esa tarde, el propio exsecretario dijo haber renunciado al cargo y agradeció al gobernador Miguel Barbosa Huerta por incluirlo en el gabinete. Pero, al día siguiente, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario reconoció que su salida no fue producto de una denuncia, sino de una destitución.
“Tiene que ver con buscar alcanzar los objetivos que mi gobierno se comprometió frente a Puebla en todo lo que significa el transporte público en la entidad. Por eso tomé la decisión. Es una decisión que ya venía de tiempo atrás”, dijo.
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El gobernador justificó el amplio despliegue policial al decir que se trataba de otorgarle garantías a la sucesora de Aréchiga, Lorena Meza López, quien fue nombrada encargada de despacho de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
“Sólo eso. Ninguna otra. Inmediatamente después de que se tomó protesta hubo sello de oficinas y archivos, y se irán abriendo conforme se vayan recibiendo el proceso de entrega-recepción”, alegó.
Sin embargo, en medios de comunicación se ha filtrado la existencia de una denuncia penal contra el exsecretario por el otorgamiento de licencias de funcionamiento de mototaxis en la región de la Mixteca, e incluso un expediente que reúne distintas anomalías en la entrega de contratos para la instalación de cámaras de vigilancia en el transporte público.
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Durante su paso por la dependencia, Aréchiga Santamaría fue responsable de la modernización del transporte con la que el gobierno del estado justificó un aumento del 41.6% a la tarifa por este servicio.
Las autoridades estatales aseguraron que a partir del 12 de octubre de 2019 —día en el que la tarifa aumentó de 6 a 8 pesos con 50 centavos— los concesionarios dispondrían de cuatro meses para instalar sistemas de vigilancia en las unidades.
Pero hacia mediados de febrero el exsecretario reconoció que sólo 6 mil unidades —el equivalente al 60%— contaban con botones de pánico y cámaras conectadas a los servicios de vigilancia que opera el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).
