PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN
El 13 de enero de este año, Viridiana denunció por violencia familiar y desalojo a su expareja sentimental, Gustavo D. S., un empresario ligado a un esquema piramidal de ganancias que ha sido denunciado presuntamente por cometer fraude.
Ese día marca el punto de arranque de una historia en la que Viridiana ha encarado la omisión de las instancias de procuración de justicia para salvaguardar la integridad de las víctimas de violencia familiar, un delito que ha aumentado de forma exponencial.
Viridiana contó a Manatí que, durante la segunda semana de enero, ella y su hija de 13 años fueron desalojadas de su domicilio en Lomas de Angelópolis por policías municipales de Santa Clara Ocoyucan.
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El acto fue transmitido en vivo por ellas mismas, como prueba de la posible influencia de Gustavo entre las autoridades municipales y estatales de Puebla, un hecho al que atribuye también la falta de acceso de justicia a lo largo de todo el caso.
Al presentar la denuncia, que quedó asentada en la carpeta de investigación 154/2020, Viridiana buscó hacer efectivas las medidas de protección que por ley le corresponden: solicitó reingresar a su domicilio para permanecer a salvo con su hija y que a su expareja se le canalizara a una instancia de violencia familiar.
Sin embargo, la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Genero de la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo caso omiso de su petición y dejó en libertad al imputado, lo que a decir de Viridiana pudo deberse a posibles actos de corrupción.
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Las autoridades, omisas
A finales de enero, en Puebla comenzaron a hacerse públicas denuncias por fraude en contra de Gustavo, líder del Proyecto Impulso para Emprendedores de Puebla y Rubik que operaba en Puebla y Tlaxcala.
Se trata de un esquema piramidal conocido como “Flor de la abundancia”, que consiste en el reclutamiento de personas y un sistema de pagos con una inversión inicial de 24 mil pesos.
A partir de entonces, Viridiana comenzó a recibir amenazas de muerte. Meses más tarde, incluso recibiría fotografías de ella misma enviadas para advertirle que estaba siendo perseguida y espiada.
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“El señor me vuelve a amenazar de muerte, me pedía que quitara mi carpeta o si no íbamos a amanecer embolsadas la niña y yo”, testifica Viridiana sobre el acoso y la intimidación que han sufrido ella y su hija desde febrero hasta el día de hoy, a manos de posibles investigadores privados y personas cercanas a su agresor.
El 2 de abril, Viridiana fue citada por Gustavo en su domicilio para recuperar sus pertenencias y documentos oficiales. El resultado fue otro episodio de violencia, en el que policías municipales de Ocoyucan intervinieron para llevarse detenida a Viridiana, quien junto a su hija, se vio en la necesidad de transmitir el suceso por temor a que las amenazas fueron algo más que palabras soeces.
Viridiana asegura que, durante el trayecto con los policías, fue amedrentada y golpeada por ellos mismos.
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10 meses sin respuesta
Desde ese momento, el peregrinaje por la búsqueda de justicia y protección se intensificó. Asistió de primera instancia a todas las instituciones posibles, tanto del municipio como de la capital: la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la Casa de Justicia de Cholula, Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, entre otras tantas que sólo le han dado la espalda, sin mayor argumento que el que su caso no puede ser atendido por el momento o no existen las suficientes herramientas para llevarlo.
El 20 de octubre, Viridiana fue citada a una audiencia por la denuncia que presentó contra Gustavo. Pero él se ausentó bajo el argumento de que presentaba síntomas de COVID-19, y presentó una receta de “apariencia falsa” expedida por un pediatra.
El 8 de noviembre, Viridiana documentó en un nuevo video transmitido en vivo la retención injustificada de su hija en el domicilio de su expareja, donde después de tres horas y media y, según Viridiana, con huellas de abuso físico por parte del padre.
Y así han transcurrido exactamente 10 meses: un tiempo en el que Viridiana ha recorrido salas de espera con el propósito de que su agresor no salga impune.
“No tengo que ser una cifra más, o amanecer en una zanja o embolsada en una calle para que atiendan mi caso. No existen los mecanismos para la protección de las víctimas en Puebla, ni siquiera para las menores, estamos contracorriente y si ahora estoy aquí y puedo hablar de esto, lo haré no sólo por mí, sino por todas las que desafortunadamente ya no están porque no atendieron a tiempo sus casos”, sostiene Viridiana.
