La toma del Congreso de Puebla comenzó como un despliegue audaz de dos organizaciones de mujeres jóvenes, pero ha derivado en un amplio bloque feminista.
Familiares de víctimas de feminicidio denunciaron que la Fiscalía de Puebla obstaculiza o retarda las investigaciones sobre los crímenes.
156 organizaciones, así como 600 activistas se unieron a las exigencias de las colectivas pobalanas a los distintos órdenes de gobierno y universidades relacionadas con la legalización del aborto y la violencia de género.
La toma pacífica del Congreso de Puebla que ha realizado un grupo de jóvenes feministas cumplirá, la tarde de este 30 de noviembre, sus primeros siete días.
En las unidades hospitalarias, integrantes del personal médico bloquean a las mujeres que solicitan interrumpir su embarazo pidiéndoles una orden judicial.
Desde la muerte de Zyanya sus padres han recurrido a varias instancias para que investiguen el caso con perspectiva de género, al sospechar que a su hija la asesinaron.
Se encargará de investigar delitos provocados por homofobia o transfobia y en los que se encuentren en calidad de querellantes, denunciantes, víctimas o imputados, personas de la comunidad LGBTTTIQ.
Un grupo de mujeres propuso despenalizar el aborto, pero los diputados no escucharon su propuesta. Un año después tomaron el Congreso de forma pacífica.
Decenas de mujeres protestaron en Puebla este miércoles 25 de noviembre para exigir el cese a la violencia de género; acudieron a la Fiscalía y al Congreso.
Las autoridades locales han desoído las demandas de las colectivas feministas que han mantenido por 24 horas una toma pacífica del Congreso de Puebla.
